Durante 62 años, el adulterio fue un delito en Corea del Sur, castigado por el artículo 241 del Código Penal. Cuando el Tribunal Constitucional lo abolió en 2015, no solo puso fin a más de seis décadas de persecución penal, sino que dejó al descubierto hasta qué punto habían cambiado la sociedad y la cultura del país.
1. Origen del Delito: De la Desigualdad a la Sanción Universal
La prohibición legal del adulterio en Corea tiene sus raíces en el Código Penal de 1905 del Imperio Coreano, que castigaba únicamente a las mujeres adúlteras y a sus parejas, dejando a los hombres fuera de toda responsabilidad penal. Este sesgo de género se mantuvo durante el dominio colonial japonés. El cambio decisivo llegó con el Código Penal de 1953 de la República de Corea, cuyo artículo 241 criminalizó el adulterio para ambos sexos. Su aprobación en el parlamento fue muy ajustada: de los 112 diputados presentes, 57 votaron a favor, solo un voto por encima de la mayoría necesaria. Aquella equiparación no fue un simple ajuste técnico, sino un gesto deliberado de construcción nacional que buscaba reflejar los ideales de igualdad de género recogidos en la nueva Constitución. Sin embargo, esa igualdad existía sobre todo en el papel.
En la práctica, la sociedad coreana seguía arrastrando un profundo doble estándar sexual. Aunque la ley de 1953 establecía una igualdad formal, el juicio social y mediático continuó tratando de forma distinta a hombres y mujeres. El sexo extramatrimonial masculino solía considerarse una falta excusable —siempre que no afectara al matrimonio de otro hombre—, mientras que las mujeres enfrentaban un escrutinio mucho más severo. En una sociedad dominada por hombres, una mujer divorciada por adulterio cargaba con un estigma social duradero, algo que rara vez recaía sobre sus contrapartes masculinas. Los medios de comunicación reforzaban este desequilibrio: tendían a presentar a la mujer como la principal culpable o el “blanco de culpa” en los casos de infidelidad.
Contexto histórico: siglos de desigualdad legal
A lo largo de la historia coreana, las leyes sobre el adulterio fueron abiertamente discriminatorias hasta bien entrado el siglo XX. Durante la dinastía Joseon (1392–1897), las sanciones eran profundamente asimétricas: un marido tenía el derecho legal de matar a una esposa infiel y a su amante si los sorprendía en el acto, mientras que la cultura permitía a los hombres mantener concubinas. Bajo el Código Penal de 1905 y durante la ocupación japonesa, la infidelidad siguió siendo un delito exclusivamente femenino: solo la mujer casada y su amante podían ser castigados, mientras que los hombres quedaban exentos salvo que se involucraran con la esposa de otro hombre. No fue hasta la Ley de 1953 cuando se introdujo por primera vez una igualdad formal, castigando a hombres y mujeres con hasta dos años de prisión.
2. El engranaje legal: cómo funcionaba realmente la ley de adulterio
El artículo 241 del Código Penal establecía un marco legal muy específico que determinó tanto la aplicación del delito como la controversia que lo rodeó durante décadas. La pena era clara y rígida: hasta dos años de prisión, sin posibilidad de sustituirla por una multa. Esta severidad fue uno de los puntos más criticados en los debates judiciales, especialmente en 2008, cuando se cuestionó que la cárcel fuera la única respuesta posible, sin margen para castigos proporcionales.
La ley solo podía activarse mediante una denuncia formal del cónyuge ofendido, ya que se trataba de un delito a instancia de parte. El Estado no podía intervenir por iniciativa propia: el adulterio solo existía legalmente si la persona directamente afectada decidía llevarlo ante los tribunales. Además, para que la denuncia fuera válida, el cónyuge denunciante debía haber iniciado un proceso de divorcio o el matrimonio debía estar ya disuelto. Si retiraba la demanda de divorcio, la acusación por adulterio quedaba automáticamente anulada.
La aplicación práctica de la ley también exigía una prueba inequívoca del acto sexual, definido estrictamente como penetración. Esta exigencia convirtió el delito en algo extremadamente difícil de demostrar y alimentó una industria de detectives privados, así como humillantes redadas policiales en hoteles y moteles para sorprender a las parejas in fraganti. Estos operativos se convirtieron en uno de los aspectos más polémicos y violatorios de la intimidad asociados a la ley.
Un caso que reavivó el debate
En 2008, la actriz Ok So-ri fue condenada a ocho meses de prisión, con la pena suspendida durante dos años. Su proceso se convirtió en un punto de inflexión en la discusión pública sobre la ley de adulterio. Durante el juicio, solicitó que su caso fuera elevado al Tribunal Constitucional para revisar la constitucionalidad del artículo 241, lo que impulsó un debate nacional sobre la vigencia y legitimidad de esta normativa.
El cónyuge ofendido tampoco podía denunciar únicamente a la tercera persona implicada (상간자). La ley obligaba a incluir en la acusación tanto al amante como al cónyuge infiel, considerados cómplices del mismo delito. A lo largo de su existencia, unas 53.000 personas fueron acusadas bajo esta normativa. Sin embargo, su aplicación cayó en picado con el paso del tiempo: de 216 encarcelados en 2004 se pasó a 42 en 2008, y a solo 22 en los años posteriores, reflejando un desuso progresivo que anticipaba el debate social y judicial que culminaría en su abolición.
3. El gran debate: moral, Estado y derechos individuales
La penalización del adulterio dividió profundamente a la sociedad surcoreana durante décadas. El debate enfrentó visiones opuestas sobre la moral tradicional, el papel del Estado y los derechos individuales, alimentado además por casos mediáticos que mantuvieron la discusión en el centro de la opinión pública.
«La actriz Ok So-ri, fue interrogada durante aproximadamente 10 horas por
cargos de adulterio en la comisaría de Ilsan el 8 de noviembre de 2008» | Noticias Yonhap
Quienes defendían la ley, desde una perspectiva conservadora, la consideraban un instrumento necesario para preservar la moral sexual, la monogamia y la institución familiar como pilares del orden social. También la veían como una protección para el cónyuge ofendido —especialmente para las mujeres en un contexto de desigualdad económica— y como un mecanismo disuasorio frente a conductas que pudieran desestabilizar la unidad familiar. Además, las encuestas realizadas en 2008, 2010 y 2014 mostraban que entre el 60% y el 70% de la población apoyaba su mantenimiento, lo que reforzaba la idea de que la ley reflejaba la opinión pública mayoritaria.
Por el contrario, los detractores de la norma argumentaban que criminalizar el adulterio violaba derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como la autodeterminación sexual, la privacidad y la autonomía personal. Consideraban que el Estado no debía intervenir penalmente en asuntos pertenecientes a la esfera íntima, y que existían vías civiles —como demandas por daños, división de bienes o custodia de los hijos— más adecuadas y proporcionales para abordar los conflictos derivados de la infidelidad.
A estas críticas se sumaba la ineficacia práctica de la ley: el número de procesamientos y condenas reales era bajo, y su aplicación se utilizaba con frecuencia como herramienta de chantaje o presión en procesos de divorcio. Además, al exigir que el cónyuge denunciante iniciara un divorcio para que la acusación fuera válida, la ley podía acelerar la ruptura familiar en lugar de protegerla. La tendencia global hacia la despenalización —ya adoptada en Japón en 1947 y en la mayoría de países europeos— reforzaba la percepción de que Corea del Sur mantenía una normativa anacrónica.
4. El camino hacia la anulación: del desafío judicial al derrumbe definitivo
El artículo 241 del Código Penal fue objeto de debate jurídico durante un cuarto de siglo. Su constitucionalidad se revisó en cinco ocasiones, reflejando el pulso cambiante de la sociedad coreana. En las primeras tres revisiones —1990, 1993 y 2001—, el Tribunal Constitucional declaró la ley conforme a la Constitución, argumentando que era necesaria para proteger la institución familiar y la moral pública. Durante esos años, la norma seguía considerándose un pilar del orden social tradicional.
El punto de inflexión llegó en 2008, impulsado por el mediático caso de la actriz Ok So-ri. Aunque la ley volvió a ser ratificada, la votación reveló un cambio profundo en el pensamiento judicial: cinco jueces votaron a favor de declararla inconstitucional y cuatro en contra. La ley sobrevivió únicamente porque se requerían seis votos para su anulación. Aun así, el mensaje era inequívoco: la mayoría del tribunal ya consideraba que la norma vulneraba derechos fundamentales, y su caída parecía inevitable.
Ese presagio se materializó el 26 de febrero de 2015. En una decisión histórica de siete votos contra dos, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 241, anulando su vigencia con efecto inmediato. La sentencia reconoció que la conciencia social sobre el matrimonio y la sexualidad había evolucionado, otorgando mayor peso a la autodeterminación sexual, la privacidad y la autonomía personal. El tribunal sostuvo que la esencia del matrimonio debía basarse en la voluntad y el afecto, no en la coacción penal.
La decisión también subrayó la pérdida de eficacia de la ley: las condenas habían caído de forma drástica y la norma ya no cumplía ninguna función reguladora real. Además, Corea del Sur se alineaba así con la tendencia global hacia la despenalización del adulterio, adoptada décadas antes en Japón y en la mayoría de países europeos. La derogación administrativa del artículo se completó el 6 de enero de 2016, cerrando un capítulo de 62 años en la historia jurídica y social del país.
5. La abolición definitiva de la ley: el cierre de un ciclo histórico
El 26 de febrero de 2015 marcó el final de una de las leyes más controvertidas de Corea del Sur. Ese día, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 241 del Código Penal en una votación decisiva de siete votos contra dos, poniendo fin de manera inmediata a la penalización del adulterio.
La sentencia reflejó un análisis profundo del cambio social y jurídico experimentado por el país. El tribunal reconoció que la percepción pública sobre el matrimonio y la sexualidad había evolucionado, otorgando mayor importancia a la autodeterminación sexual, la privacidad y la autonomía personal. Sostuvo que la continuidad de un matrimonio debía basarse en la voluntad y el afecto de las partes, no en la amenaza de una sanción penal.
El tribunal también constató que la ley había perdido su función disuasoria y reguladora, como evidenciaba la drástica caída en el número de condenas. En su razonamiento, subrayó que las vías civiles —como las demandas por daños o los procesos de divorcio— eran mecanismos suficientes y más adecuados para resolver los conflictos derivados de la infidelidad.
Con esta decisión, Corea del Sur se alineó con la tendencia global hacia la despenalización del adulterio, adoptada décadas antes en Japón y en la mayoría de los países europeos. La derogación administrativa del artículo se completó el 6 de enero de 2016, cerrando así un capítulo de 62 años en la historia jurídica y social del país.
6. Después de la abolición: efectos inmediatos y el lugar de Corea en el mundo
La sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de febrero de 2015 no solo puso fin a una ley vigente durante 62 años: desencadenó una serie de efectos legales, económicos y sociales que se hicieron sentir de inmediato. La anulación del artículo 241 tuvo un impacto directo sobre miles de ciudadanos y transformó la manera en que la sociedad coreana gestionaba los conflictos derivados de la infidelidad.
En el ámbito legal, la decisión provocó la exoneración inmediata de 1.770 personas que estaban siendo investigadas o juzgadas por adulterio, y permitió la liberación de nueve condenados que cumplían pena de prisión. Además, cerca de 5.400 personas procesadas desde el fallo de 2008 quedaron habilitadas para solicitar la anulación de sus antecedentes, pedir nuevos juicios o reclamar indemnizaciones al Estado. Con la desaparición del delito, también cesaron las intervenciones policiales destinadas a obtener pruebas físicas del acto sexual, poniendo fin a las polémicas redadas en moteles que habían marcado la aplicación de la ley durante décadas.
El fallo tuvo repercusiones inesperadas en el mercado y en el comportamiento digital. Horas después del anuncio, las acciones de Unidus Corp., el mayor fabricante de preservativos del país, subieron un 15 %, alcanzando el límite diario permitido en la bolsa. Paralelamente, aumentó el interés por aplicaciones y sitios de citas dirigidos a personas casadas, como Ashley Madison, que intensificaron su presencia en Corea del Sur tras la despenalización.
En el plano social, la desaparición de la vía penal llevó a los ciudadanos a buscar nuevas formas de gestionar los conflictos de infidelidad. Surgieron tácticas de “nombrar y avergonzar”, en las que las víctimas difundían información personal, mensajes o fotografías de los implicados en plataformas como KakaoTalk o foros anónimos, buscando un castigo social ante la ausencia de uno penal. La responsabilidad pasó a ser exclusivamente civil: aunque la infidelidad dejó de ser un delito, siguió siendo un acto ilegal bajo el Código Civil y una causa válida de divorcio. Los cónyuges comenzaron a centrarse en demandas por daños emocionales contra los terceros involucrados. Curiosamente, un estudio reveló que, tras la abolición, las mujeres se volvieron menos propensas a considerar la infidelidad como motivo suficiente para el divorcio, al perder una herramienta legal que antes podía asegurar compensaciones económicas.
La experiencia coreana se inscribe en una tendencia global hacia la despenalización del adulterio, aunque el panorama internacional sigue siendo diverso. En Asia, países como Taiwán (2020) e India (2018) han abolido recientemente sus leyes, mientras que otros, como Filipinas o varias naciones de mayoría musulmana, mantienen sanciones penales. Indonesia, incluso, amplió en 2022 la definición de adulterio para incluir toda actividad sexual extramatrimonial. En Europa y América, la despenalización se produjo mayoritariamente durante el siglo XX, con casos tempranos como Francia (1791) y otros más tardíos como Suiza (1990), Argentina (1995) o Austria (1996). En Estados Unidos, el adulterio sigue siendo técnicamente un delito en varios estados, aunque rara vez se aplica. China y Corea del Norte también mantienen disposiciones penales en circunstancias específicas.
Referencias
- Blakemore, E. (2015, 26 de febrero). Adultery Is Now Legal in South Korea. Smithsonian Magazine.
- Constitutional Court of Korea. (2008). Decision on Case 2007Hun-Ka17·21, 2008Hun-Ka7·26, 2008Hun-Ba21·47.
- Hong, S. C. (2018). Abolishing Scarlet Letters: A Frame Analysis of Adultery News Coverage in Korea, 1990–2015. KOME, 6(2), 44–61.
- Lee, J., & Choi, Y. (2025). Decriminalization of adultery likely changed women’s views on divorce following spousal infidelity in South Korea. Demographic Research, 52(4), 111–124.
- National Archives of Korea. (s.f.). Abolition of the Adultery Law (간통제폐지).
- Oh, J., & Park, M. (2015). The Price of Adultery: Evidence from Korean Judicial Decisions. Seoul Journal of Economics, 28(4), 377–388.
- The Korea Herald. (2015, 27 de marzo). Ruling on adultery reflects cultural, generational schisms.
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