Durante más de seis décadas, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio fue un delito en Corea del Sur. El artículo 241 del Código Penal, aprobado en 1953, permitía castigar el adulterio con hasta dos años de prisión. Su abolición, decidida por el Tribunal Constitucional el 26 de febrero de 2015, puso fin a una de las normas más controvertidas de la historia jurídica contemporánea del país. La decisión reflejó un cambio en la concepción del matrimonio y la sexualidad, así como un debate más amplio sobre la intimidad, la igualdad y los límites de la intervención del Estado.
1. De la desigualdad legal a la penalización de ambos sexos
La criminalización del adulterio en la Corea moderna tiene antecedentes en el Código Penal del Imperio Coreano de 1905. Su artículo 265 castigaba a las mujeres casadas que mantenían relaciones extramatrimoniales y a sus compañeros, pero no establecía la misma responsabilidad para los maridos. Esta desigualdad se mantuvo durante la ocupación japonesa (1910-1945), bajo la legislación penal aplicada en la colonia.
La situación cambió con la aprobación del Código Penal de la República de Corea, el 18 de septiembre de 1953. Su artículo 241 estableció que tanto la persona casada que cometiera adulterio como la otra parte implicada podían ser castigadas con hasta dos años de prisión. La disposición fue aprobada en la Asamblea Nacional por un margen muy ajustado: 57 votos favorables de los 110 diputados presentes.

La nueva legislación introdujo una igualdad formal en la responsabilidad penal de hombres y mujeres, aunque no eliminó las desigualdades sociales que condicionaban la vida matrimonial. En una sociedad todavía marcada por estructuras patriarcales, las consecuencias del adulterio podían ser muy distintas según el sexo de las personas implicadas. Las mujeres divorciadas o acusadas de infidelidad se enfrentaban con frecuencia a un estigma social especialmente intenso.
2. Cómo funcionaba el artículo 241
El artículo 241 contemplaba una pena de hasta dos años de prisión tanto para el cónyuge infiel como para la persona con la que hubiera mantenido relaciones sexuales. Se trataba de un delito perseguible únicamente mediante denuncia del cónyuge perjudicado. La normativa procesal imponía otra condición: la denuncia solo podía presentarse si el matrimonio había sido declarado nulo o si se había iniciado un procedimiento de divorcio. Si este último se retiraba, la acusación se consideraba también retirada. Tampoco podía formularse una denuncia cuando el cónyuge había consentido o perdonado previamente la conducta.
Estas condiciones convertían el adulterio en un instrumento que podía intervenir directamente en los conflictos matrimoniales. La amenaza de una condena penal podía utilizarse como mecanismo de presión durante una separación o una negociación económica. Al mismo tiempo, la exigencia de demostrar las relaciones sexuales planteaba dificultades probatorias y favorecía prácticas policiales muy cuestionadas, entre ellas las intervenciones en hoteles y moteles.

3. Un debate entre moral tradicional y derechos individuales
La continuidad de la ley enfrentó dos concepciones diferentes sobre el papel del Estado en la vida privada. Sus defensores consideraban que la penalización del adulterio protegía el matrimonio, la monogamia y la estabilidad familiar. También argumentaban que ofrecía cierta protección a los cónyuges perjudicados, especialmente a las mujeres que podían encontrarse en una situación de dependencia económica.
Sus detractores sostenían que la infidelidad pertenecía a la esfera privada y que el Estado no debía intervenir mediante sanciones penales. La ley podía vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, la libertad sexual y la autonomía personal. También se cuestionaba su eficacia: la amenaza de prisión no había conseguido impedir las relaciones extramatrimoniales y, en ocasiones, la denuncia se utilizaba para presionar al otro cónyuge.
La opinión pública tampoco era unánime. Las encuestas realizadas durante los años anteriores a la sentencia reflejaban un apoyo todavía significativo al mantenimiento de la norma, aunque también mostraban diferencias generacionales y cambios en las actitudes hacia el matrimonio y la sexualidad.

4. El camino hacia la sentencia de 2015
La constitucionalidad del artículo 241 llegó en varias ocasiones ante el Tribunal Constitucional. En 1990, 1993 y 2001, el tribunal mantuvo la disposición, al considerar que la protección del matrimonio y de la moral sexual podía justificar la intervención penal. La revisión de 2008 volvió a confirmar su vigencia, aunque la votación evidenció una profunda división entre los magistrados: cinco votaron a favor de declararla inconstitucional y cuatro en contra. No se alcanzaron los seis votos necesarios para anularla.
El cambio definitivo llegó el 26 de febrero de 2015. Ese día, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 241 por siete votos contra dos. La sentencia consideró que la penalización del adulterio restringía de manera desproporcionada la libertad sexual y el derecho a la intimidad. También señaló que la sociedad había cambiado y que ya no existía un consenso suficiente para justificar que el Estado castigara penalmente las relaciones extramatrimoniales.
El tribunal cuestionó, además, la eficacia de la norma para proteger la institución familiar. La amenaza de prisión no garantizaba la fidelidad matrimonial y podía agravar los conflictos entre los cónyuges. Desde esta perspectiva, los problemas derivados de una infidelidad debían abordarse principalmente mediante mecanismos civiles, no mediante el derecho penal.

«La actriz Ok So-ri, fue interrogada durante aproximadamente 10 horas por
cargos de adulterio en la comisaría de Ilsan el 8 de noviembre de 2008» | Noticias Yonhap
5. Después de la despenalización: cambios y límites
La sentencia de 2015 puso fin a la persecución penal del adulterio, pero no significó que la infidelidad dejara de tener consecuencias jurídicas. La legislación civil surcoreana sigue contemplando el adulterio como una posible causa de divorcio y permite reclamar indemnizaciones en determinadas circunstancias a terceras personas implicadas en una relación extramatrimonial. La diferencia fundamental reside en que el Estado dejó de tratar la infidelidad como un delito castigado con prisión.
La sentencia tuvo también efectos retroactivos. Debido a la legislación constitucional vigente, el artículo 241 perdió eficacia desde el día siguiente a la anterior decisión del tribunal, dictada el 30 de octubre de 2008. La disposición fue eliminada formalmente del Código Penal mediante una reforma legislativa aprobada el 6 de enero de 2016.



Un estudio de Jiwon Lee y Yool Choi, publicado en 2025 en Demographic Research, analizó los efectos de la abolición sobre las actitudes de las mujeres surcoreanas ante la infidelidad de sus maridos. Sus resultados apuntan a que, tras la decisión de 2015, disminuyó la proporción de mujeres que consideraban la infidelidad masculina, por sí sola, una razón suficiente para divorciarse. El estudio no demuestra que la despenalización transformara por completo las relaciones de pareja, pero aporta indicios sobre la influencia que una reforma jurídica puede ejercer en las percepciones sociales.
Referencias
- Blakemore, E. (2015, 26 de febrero). Adultery Is Now Legal in South Korea. Smithsonian Magazine.
- Constitutional Court of Korea. (2008). Decision on Case 2007Hun-Ka17 et al., 30 de octubre de 2008.
- Constitutional Court of Korea. (2015). Case on Adultery, 2009Hun-Ba17 et al., 26 de febrero de 2015.
- Hong, S. C. (2018). Abolishing Scarlet Letters: A Frame Analysis of Adultery News Coverage in Korea, 1990–2015. KOME, 6(2), 44–61.
- Lee, J. y Choi, Y. (2025). Decriminalization of adultery likely changed women’s views on divorce following spousal infidelity in South Korea. Demographic Research, 52, 111–124.
- National Archives of Korea. (s. f.). Abolition of the Adultery Law (간통죄폐지).
- Oh, J. y Park, M. (2015). The Price of Adultery: Evidence from Korean Judicial Decisions. Seoul Journal of Economics, 28(4), 377–388.
- The Korea Herald. (2015, 27 de marzo). Ruling on adultery reflects cultural, generational schisms.



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